Los días que voy al trabajo en bus lo hago en la 101-D, la ruta que une el centro de San Salvador con el poniente de Santa Tecla. Las oficinas de El Faro están en Antiguo Cuscatlán, a una cuadra de la municipalidad. Me bajo en la parada del centro comercial Multiplaza y, sí o sí, toca caminar poco más de 800 metros. No hay problema en la caminata; al contrario, desde siempre me ha gustado recorrer las calles. Si les cuento esto es porque este paseo en particular, la frecuencia con la que lo doy, me reafirma en la idea de que quienes planifican, autorizan y construyen nuestras ciudades lo hacen sin pensar en los peatones.

Desde la parada de buses camino hasta el redondel Naciones Unidas. Ahí tomo la amplia calle que está entre Multiplaza y Las Cascadas, me echo a la carretera, camino el viaducto que permite sortear la Panamericana, y caigo sobre el bulevar Deininger, justo frente a la alcaldía. Un trayecto sin aceras, sin arcenes, junto a carros que te pasan a dos metros a 60 por hora.

Sería deshonesto y exagerado decir que siento peligrar mi vida, pero que cientos de salvadoreños –¿miles?– tengamos que hacer cada día ese mismo recorrido creo que sirve para ilustrar lo hostiles que son nuestras ciudades con sus ciudadanos.

La construcción de esos centros comerciales y de sus calles de acceso es reciente: la ‘pasarela para carros’ se inauguró en septiembre de 2005. Ni siquiera tienen la excusa de que se planificaron hace medio siglo, cuando las consideraciones para con el peatón eran menores. Subrayo también que se trata de ‘malls’, espacios concebidos para atraer a gente, con lo que haber craneado sistemas de acceso hostiles al viandante podría interpretarse, sin forzarlo demasiado, como que solo son bienvenidos aquellos que llegan motorizados.

En esa misma área se inauguró hace pocos meses el llamado Paso Multinivel del redondel Naciones Unidas, un millonario complemento para facilitar los accesos a Multiplaza, Las Cascadas y La Gran Vía. El referido redondel terminó convertido en un bonito parque, con bancas, jardines floridos y hasta una fuente de piedra. Pero ‘olvidaron’ un pequeño detalle: no se puede acceder a pie, salvo que uno se la juegue corriendo entre los carros.

Redondel Naciones Unidas. Foto Roberto Valencia.

Escribí hace cinco post sobre las trabazones infernales en el área metropolitana, certificadas por la aplicación Waze, y advertí de que lo peor está por venir. El clasemediero que no concibe movilizarse por la ciudad sin carro propio se escuda en la delincuencia para no tomar un bus o para no caminar. Sin negar que el temor a ser asaltado es un desincentivo en algunas rutas y sectores del Gran San Salvador, yo creo que la hostilidad hacia el peatón con la que hemos permitido que se construyan nuestras ciudades es el principal lastre, y creo también que es algo que nos acompañará por décadas, porque los sectores más influyentes de la sociedad ni siquiera se han percatado de este problema. Por acción o por omisión, los políticos, los constructores, los líderes de opinión y en general los que tenemos el privilegio de disponer de un carro nos hemos comportado –nos seguimos comportando– como si por nuestras venas circulara gasolina en vez de sangre.

Este texto es un fragmento de un perfil de más de 7,000 palabras de Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever, oenegé que desde el año 2004 trabaja en comunidades empobrecidas de El Salvador. La semblanza, que lleva por título ‘Quijote Gutman’ forma parte del libro digital ‘ Pequeñas batallas, grandes historias’, publicado en abril de 2016.

------------------------------

[...]

Alejandro Gutman eligió El Salvador.

No fue así nomás. Cuando en el año 2003 se animó a crear Fútbol Forever –oenegé que con los años fue rebautizada como Forever–, su reputación y sus contactos le valieron el patrocinio de la FIFA, y el programa se implementó primero en Zambia y en Sudáfrica. Fueron los años de la ambición, cuando Gutman quizá creyó que podía cambiar el mundo entero. El aterrizaje de la fundación en El Salvador también fue a lo grande, con proyectos en municipios repartidos por todo el territorio, con pláticas muy maduras para exportarlo a Honduras. Pero aquello duró pocos años. 

Alejandro Gutman en el Complejo Educativo Cantón San Isidro, en Panchimalco. Foto Roberto Valencia.

Cuando el chorro de la FIFA se cortó, Fútbol Forever se centró en El Salvador; y cuando sucedió lo mismo con el apoyo inicial del Gobierno salvadoreño, la fundación adelgazó hasta el raquitismo, con una plantilla decreciente hasta que bastó una mano para enumerar a los empleados, el voluntariado como sostén principal, y con un sector del municipio de Soyapango –en el área metropolitana de la capital– como único ámbito geográfico de acción.

Pero fue en esas circunstancias cuando Gutman más se aferró a la idea de transformar una sociedad. Y no cualquier sociedad.

Con una tasa de 49 homicidios por cada 100.000 habitantes –la ONU establece que a partir de 10 un territorio sufre una “epidemia de violencia”–, El Salvador ya era en 2004 un país pobre, desigual y violento. La violencia impregna de forma transversal toda la sociedad, pero su expresión más visible y cruel son las pandillas o maras, un fenómeno que afecta sobremanera a la mitad más empobrecida, y que por su repercusión internacional se ha convertido casi en una seña de identidad nacional.

Por las zonas en las que comenzó a trabajar, y por su manifiesto deseo de conocer en primera persona la problemática que trata de corregir, a Gutman le tocó conocer el nacimiento de las políticas gubernamentales represivas –el manodurismo– y la consecuente radicalización del fenómeno de las maras.

“Hoy está de moda la violencia de las pandillas, como si fuera la única violencia que existe en el país; pero ayer fue la guerra; y mañana, ¿quién sabe? La violencia en El Salvador no es casualidad. Y si hoy acabaran con las maras, surgiría otra forma de violencia”, dice Gutman en un discurso que no le ayuda a hacer amigos en El Salvador.

El Salvador, según los datos oficiales presentados en 2015, es esto: analfabetismo del 11 %; escolaridad promedio inferior a los siete años; salario promedio de 298 dólares; 16 % de viviendas sin energía eléctrica; 23 % sin agua potable por cañería; la recogida de la basura es un privilegio reservado para el 51 % de la población; 32 % de hogares en pobreza; 8 % en pobreza extrema; 26 % de jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudia ni trabaja.

Pero ninguna cifra tan perturbadora como la de la violencia. En 2015, un promedio de 18 personas asesinadas cada día en un país de 6.4 millones. La tasa de homicidios se disparó a 103 por cada 100.000 habitantes. Una comparación fulminante: para que España, por ejemplo, tuviera la misma tasa que El Salvador, tendrían que cometerse más de 47.000 asesinatos, cuando raro es que en un año se alcancen los 350.

Gutman eligió para su quijotada al país más violento del mundo.

***

Conchagua es un pueblo de 45.000 habitantes, y en 2014 se cometieron más asesinatos que en Noruega. Aun así, no es uno de los lugares más afectados por la violencia en El Salvador.

En Conchagua solo existen dos centros públicos en los que se imparte educación secundaria. El Complejo Educativo Mario Gómez es el céntrico; un recinto digno, con un poderoso portón metálico por entrada, un muro de tres metros pintado de azul y blanco y coronado con vidrios rotos, y un patio amplio cubierto por una gran estructura de láminas para resguardarse del sol y de las tormentas del Trópico. A un costado se erige una tarima, cubierta también, en la que Gutman está tratando, desde hace una media hora, de sintetizar qué es y cómo funciona la Fundación Forever. Salpica sus palabras con chistes, analogías y arranques de espontaneidad, ante cientos de alumnos uniformados, un par de docenas de profesores y algún que otro burócrata regional del ministerio.

Gutman aparece con cierta asiduidad en la televisión, y una visita a Conchagua de alguien así resulta todo un acontecimiento. Muy a su pesar, el evento ha devenido protocolario y lleno de discursos y gestos tan bienintencionados como estériles. Incluso imprimieron un gran cartel con el detalle de sus muñecas recubiertas con pulseras: ‘Bienvenido a Conchagua, don Alejandro Gutman’.

“Nosotros –dice, micrófono en mano– no somos la típica fundación que reparte tres becas a los tres que se sacan diez, porque ¿saben qué sucede? Si se gradúan 150 y damos tres becas, ¿qué hacemos con los otros 147?”

La receta Gutman para transformar la sociedad pasa por el ingreso de miles de estudiantes de comunidades empobrecidas en las universidades. Miles. Cada año.

“Transitar por las universidades –dice a los jóvenes de Conchagua– abre muchas puertas, y abre una que es la más importante: la puerta de la cabeza, la de los sentimientos, que ustedes conozcan y reconozcan todos esos ámbitos, y que esos ámbitos y esas empresas los reconozcan a ustedes. Es un ida y vuelta”.

La salvadoreña es una sociedad no solo desigual y empobrecida, también clasista. Si la propuesta de Gutman sería revolucionaria, utópica, quijotesca en cualquier latitud, lo es más en un país como El Salvador.

[…]

------------------------------

El libro ‘Pequeñas batallas, grandes historias’, del que forma parte el perfil de Alejandro Gutman puede adquirirse en este enlace de la plataforma Amazon. De momento, solo está disponible en formato digital.

Alejandro Gutman en el reparto La Campanera, en Soyapango. Foto Roberto Valencia.

Detalle del Monumento al Cristo de la Paz, ubicado en la entrada sur-oriental de la ciudad de San Salvador. Foto Roberto Valencia.

Lo primero, los datos duros, que trataré de exponer de manera aséptica.

Uno. La Policía Nacional Civil (PNC) registró en el municipio de San Salvador 323 asesinatos desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2016. En idéntico período de 2015 se cometieron 339 homicidios. En 2014, 216. Y en 2013, el año más intenso de la Tregua, 125 en esos mismos ocho meses. En términos porcentuales, el municipio de San Salvador presenta este año un descenso del 5 % respecto a 2015, que resultó el más violento del siglo XXI. Pero comparado con 2014 y 2013, los asesinatos en la capital han aumentado un 50 % y un 158 % respectivamente.

Dos. Si el corte lo hacemos desde el 1º de abril, cuando el Gobierno de la República comenzó a implementar las medidas excepcionales y las tres pandillas anunciaron un cese unilateral de la violencia, San Salvador –la ciudad; no el departamento, no el área metropolitana– ha pasado de promediar 51 homicidios cada mes, a 34. El descenso es del 33 %, una cifra importante e incluso esperanzadora, pero que palidece si se tiene en cuenta que a escala nacional, en el mismo intervalo, la reducción ha sido del 46 %.

Tres. Si nos remitimos al indicador de referencia en todo el mundo, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, San Salvador está repitiendo como la cabecera departamental más violenta de El Salvador. Proyectados los datos hasta el 31 de agosto para todo 2016, la tasa es de 195 asesinatos por cada 100,000 capitalinos. Le siguen San Miguel, con 107; y Usulután, con 97. Entre las menos violentas, Chalatenango, con 24 homicidios por cada 100,000 habitantes; y Santa Tecla, con 40.

Cuatro. El ‘Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2015’ lo elabora una oenegé mexicana llamada Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Como ya detallé en esta entrada publicada a finales de enero, el estudio presenta serias carencias metodológicas, pero, para el caso que nos ocupa, dos son las características que conviene tener presentes: una, que el nuevo listado se dará a conocer en enero, por lo que nadie en octubre puede aseverar qué ciudades estarán entre las diez más violentas, las que entrarán o las que saldrán; y dos, que la oenegé mexicana no toma la ciudad de San Salvador como parámetro, sino que establece las 14 ciudades del Área Metropolitana de San Salvador como una entidad, por lo que el puesto que ocupe ‘San Salvador’ dependerá no solo de lo que ocurre en el Centro Histórico, sino del comportamiento de los homicidios en el resto de la capital, y en Santa Tecla, y en Soyapango, Ilopango, Nejapa, Mejicanos, Antiguo Cuscatlán…

Punto y aparte.

Aportados estos datos sobre las verdaderas cifras de asesinatos que se cometen en la capital y sobre cómo se elabora el ránking de las ciudades las violentas del mundo, agrego unas reflexiones personales sobre lo que se está publicando en torno a la inseguridad en San Salvador, y sobre el manejo malicioso y/o ignorante que se está haciendo de la información.

Uno. En los ocho primeros meses de 2016, los asesinatos en la ciudad de San Salvador han descendido, sí, pero en una proporción muy inferior al resto del país. Si me permiten la comparación, e imaginamos un aula en la que los alumnos avanzan y aprenden a ritmos diferentes, la ciudad que gobierna Nayib Bukele sería, en materia de seguridad pública, uno de los estudiantes con peores resultados.

Dos. Desde antes incluso de que se implementaran las medidas extraordinarias, el Distrito Centro Histórico está siendo objeto de una agresiva militarización vía PNC y Fuerza Armada. Este parece ser el detonante principal del descenso de los homicidios, más significativo en ese pequeño sector de la ciudad. Pero es un grave error extrapolar los datos parciales de la subdelegación Centro de la PNC a todo el municipio –hay subdelegaciones policiales en el barrio San Jacinto y en las colonias Miramonte y Escalón–, y mucho más grave aún realizar inferencias para todo el área metropolitana con datos extraídos del Distrito Centro Histórico.

Tres. No es lo deseable, pero uno puede llegar a entender que el poderoso entramado propagandístico y de culto en torno a la figura del alcalde (pagado en parte con nuestras tasas e impuestos) trate de magnificar supuestos logros propios o datos y hechos que de alguna manera favorecen o enaltecen la gestión. Lo que como periodista me cuesta digerir más es que haya reporteros, editores y medios –que se definen como tales– que no sean capaces de separar el trigo de la paja, de contrastar la información que airea una u otra fuente, o de hacer análisis básicos que evidencian que los titulares del tipo ‘San Salvador sale de la lista de las 10 ciudades más violentas del mundo’ son pura ciencia ficción, invenciones sin sustento alguno.

Y cuatro. Vivo en San Salvador. Mis hijas viven en San Salvador, estudian en San Salvador. Mi esposa ídem. Viajo en bus por San Salvador. Camino seguido por San Salvador, también por el Centro Histórico. Almuerzo con regularidad en el mercado Central, voy al Estadio Cuscatlán, visito la cripta de Romero… Ojalá fuera cierto lo que en la tarde del 10 de octubre tuiteó el alcalde Nayib Bukele: “¡Una baja del 70% en homicidios en toda la ciudad!”, atribuido sin matices “al reordenamiento, los planes de reconstrucción del tejido social, los planes de inclusión, la iluminación de todo San Salvador y el inicio de la revitalización del Centro Histórico”. Ojalá fuera cierto, lo digo de corazón, pero no lo es.

Sí. Debería alegrarnos. Sin lugar a dudas. Sería mezquino no hacerlo. Para la sociedad salvadoreña, la más violenta del mundo, toda reducción en sus aterradoras cifras de asesinatos –pronunciada y sostenida en el tiempo– debería ser motivo de satisfacción. Y la reducción es inapelable: desde abril, el país ha entrado en una etapa de estabilidad en torno a 11-13 homicidios diarios; una ruptura clara con los 21 homicidios diarios que promediamos durante los once meses precedentes.

Sin este abrupto descenso, habrían sido asesinados casi 1,500 salvadoreños más que los que las autoridades reportan hasta finales de agosto. Repito: casi mil quinientos más. Unos 300 salvadoreños están ‘salvando su vida’ cada mes.

Foto Roberto Valencia.

Ahora bien, reconocer, alegrarse y hasta celebrar el bajón no tiene por qué estar reñido con hacer análisis que dimensionen ese descenso, que lo expliquen; mucho menos con tragarse el discurso tan triunfalista como cortoplacista y malicioso de los altos funcionarios del Estado.

La Administración Sánchez Cerén arrancó el primero de junio de 2014. Gestionó el tramo final de la Tregua –el de reactivación de la violencia– y la ‘guerra’ contra las maras, el período de la historia reciente de El Salvador en el que los homicidios más han aumentado. Si se tiene en cuenta que el Gabinete de Seguridad navegó 22 meses entre las estadísticas más sangrientas de este siglo, resulta hasta comprensible que el descenso haya derivado en triunfalismo, y en un discurso –el oficial– que pregona que las maras están siendo derrotadas. Pero la realidad es mucho más compleja, en especial en las comunidades controladas por las maras. Amerita detenerse en algunos ítems relevantes para tratar de comprender el calado del descenso.

Uno. ¿Dejará El Salvador de ser el país más violento del mundo? Improbable. Salvo que ocurra algo fuera del guion, 2016 será un año con menos homicidios que 2015, pero concluirá arriba de los 5,100 asesinatos, la segunda cifra más elevada del siglo XXI. Honduras, nuestro principal contendiente en el último lustro, mantiene su tendencia a la baja, así que solo Venezuela amenazaría que El Salvador siga siendo el país con la tasa de homicidios más disparada del mundo, con la excepción de territorios en guerra abierta. Incluso si en el último tercio del año promediáramos 11 asesinatos al día, terminaríamos con una tasa en torno a 80 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Dos. ¿Seguimos bajo ‘epidemia de violencia’? Sí. Indiscutiblemente. Según los parámetros que maneja Naciones Unidas, una sociedad sufre epidemia de violencia cuando se cometen arriba de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Con el volumen de población de El Salvador, con 54 asesinatos al mes ya seríamos, ante los ojos del mundo, una sociedad enferma de violencia. El descenso que se ha dado es de promediar 650 asesinatos mensuales a promediar 350.

Tres. ¿Qué ha provocado el bajón? Es quizá la pregunta con la respuesta más propensa al debate. El gobierno, parte interesada, aporta una única respuesta: medidas extraordinarias. No es muy aventurado afirmar que, ante el martilleo constante de esta idea de parte de los principales funcionarios del Gabinete de Seguridad, y sin que nadie se oponga con argumentos serios, que los hay, entre la población parece estar calando esa percepción. Las medidas extraordinarias se pueden resumir en tres ejes: uno, cortar la comunicación entre los palabreros de las cárceles y los de la libre; dos, abrir líneas de investigación con la Fiscalía para golpear el entramado financiero y generar disputas internas; y tres, dar carta blanca a las fuerzas de seguridad para disparar primero y preguntar después. Comenzaron a implementarse en el último fin de semana de marzo, y es justo cuando inicia el descenso en los homicidios. No resulta difícil vender la relación causa-efecto, como hace con éxito el gobierno. Pero al pasar la lupa, los últimos días de marzo también los usaron las tres grandes pandillas (Mara Salvatrucha, 18-Revolucionarios y 18-Sureños) para anunciar, vía comunicado conjunto, un cese de sus “acciones ofensivas”, aún vigente. Los pandilleros no han dejado de asesinar ni de agredir a la sociedad, creerse esa parte sería iluso; sin embargo, sí parecen haber metido en el congelador las diferencias entre las tres estructuras, y haber puesto en marcha pactos de no agresión, que no se están cumpliendo al cien por ciento por la naturaleza propia de las maras, pero sí lo suficiente como para suponer que una buena porción del descenso en los homicidios son los muertos que se generaban entre sí las tres pandillas, que han disminuido tras haber identificado un enemigo común: el Estado salvadoreño.

Cuatro. ¿Por qué el discurso triunfalista del gobierno? Mi opinión: por pura estrategia de marketing político y comunicacional. Más claro aún: para obtener rédito electoral, votos. Después de casi dos años de ‘guerra’, de que las fuerzas de seguridad hayan matado a más de 700 supuestos pandilleros en lo que nos venden como enfrentamientos, el Estado ha logrado, en el mejor de los casos, retomar el control territorial en zonas controladas por las pandillas a fuerza de meter a policías y soldados ennavaronados y armados con fusiles M-16 y AR-15, pero el control social de los mareros en sus canchas sigue, con alguna excepción, intacto. Control territorial y control social no son lo mismo. El discurso triunfalista es, pues, un discurso para engatusar a las clases media y alta, las que nunca han sufrido ni sufren de manera directa el acoso de las maras. En el bajomundo, los residentes en las colonias y cantones que más sufren a los pandilleros saben que el control social lo siguen ejerciendo ellos, aunque les hayan borrado los placazos y su presencia ahora sea más difusa, menos explícita, por la mayor presencia de policías y soldados.

Y cinco. ¿Qué nos espera hasta que finalice 2016? El gobierno navega con viento a favor. Ni en la Asamblea ni en los set de televisión hay voces sonoras cuestionando la ‘guerra’ contra las pandillas. La horquilla de 11-13 homicidios diarios permitirá al Gabinete de Seguridad seguir alardeando de descenso, porque la segunda mitad de 2015 fue terrorífica y, al comparar los mismos meses, el saldo será siempre favorable. Los excesos policiales –el pan de cada día en el bajomundo– e incluso las ejecuciones extrajudiciales no restan votos en la sociedad más violenta del mundo; al contrario. ¿La comunidad internacional? Tampoco parece muy dispuesta a alzar su voz contra la sistemática violación de los derechos humanos con la que la Administración Sánchez Cerén enfrenta a los pandilleros. ¿Y las pandillas? Mucho tienen con contener la embestida estatal y garantizar que no afecte en demasía a sus principales fuentes de financiamiento: las extorsiones y la renta. En definitiva, si yo tuviera que apostar plata, lo haría por un tramo final del año muy parecido en términos numéricos a lo vivido desde abril. Apostaría también por la reincidencia gubernamental en el discurso triunfalista, triunfalista y hueco, porque aunque Cotto, Ramírez Landaverde o Sánchez Cerén lo repitan una y mil veces, el guerrerismo como política pública no está debilitando, al menos con la intensidad que nos quieren vender, las estructuras de terror con las que las pandillas controlan sus canchas más firmes.

En este enlace puede consultar un gráfico interactivo de la Sala Negra de El Faro que detalla la evolución de los homicidios entre enero de 2002 y agosto de 2016.

Cocina ubicada en la finca San Blas, en San José Villanueva. Foto Roberto Valencia.

Nunca me habían insultado tanto como en los días y semanas posteriores al 22 de julio de 2015. Y no solo fueron insultos; llovieron calumnias, ofensas de sabores y colores variados, difamaciones e incluso amenazas de muerte explícitas como bofetadas.

El torrente de improperios sobrevino después de la publicación de ‘La Policía masacró en la finca San Blas’, una sólida investigación periodística de la que yo soy primera firma y en la que se denunciaban, por un lado, ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Nacional Civil (PNC); y, por otro lado –y en mi opinión lo más preocupante–, un obsceno encubrimiento de lo sucedido de parte de las autoridades e instituciones que deberían proteger a la ciudadanía contra los abusos de las fuerzas de seguridad.

Escribo estas líneas el día exacto en el que se cumple un año desde que publicamos la crónica. Doce meses que, admito mi extrañeza, sirvieron para que la masacre de la finca San Blas se haya convertido en el referente inequívoco de los abusos que la Administración Sánchez Cerén está cometiendo desde que en enero de 2015 apostó por el manodurismo para tratar de resolver el desarrollo desmedido del fenómeno de las maras.

La crónica acumula más de 104,000 visitas y fue retomada por prestigiosos medios de Estados Unidos, Europa y América Latina. La investigación se incluyó en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado estadounidense, fue motivo de discusión en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y, a pesar de los recelos iniciales, incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República han validado la calidad de nuestro trabajo. Ahora mismo hay nueve agentes policiales procesados por lo ocurrido aquella madrugada.

No es poca cosa, en especial si se tiene en cuenta que la masacre de la finca San Blas estaba llamada a ser uno más en el listado de ‘enfrentamientos’ que consignan las versiones oficiales: ocho despreciables pandilleros muertos después de disparar a valerosos héroes azules. Pero no. El periodismo permitió conocer que hubo policías que dispararon en la cabeza a jóvenes rendidos, que ni siquiera eran mareros todos los fallecidos, y que los hechores alteraron de forma premeditada la escena, con la colocación de armas junto a los cadáveres, por ejemplo. Lo ocurrido, es una inferencia que cae por su propio peso, no fue la acción de un grupo de agentes descontrolados con pretensiones justicieras, sino un modus operandi avalado, planificado y que el gobierno quiso encubrir, al punto que desde las más altas instancias de la PNC y del Ministerio de Seguridad aún se defiende la versión oficial del operativo.

Y a pesar de que la investigación evidenció gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, sobrevino el torrente de insultos, de difamaciones, de amenazas de muerte…

Somos la sociedad más violenta del mundo. Las maras son la expresión más cruel y refinada de esa violencia, con el agravante de que la ejercen sobre los sectores más desfavorecidos, pero el recurso habitual a la violencia para dirimir conflictos permea todo el cuerpo social.

Amarrando esta consideración a lo sucedido en la finca San Blas, el verdadero problema no es que haya unos policías exaltados que asesinen, o unos jefes policiales que lo toleren, o un sistema de control que silencie y encubra; ni siquiera que un gobierno que dice ser de izquierda haya asumido los valores que representa la finca San Blas como política pública. El verdadero problema, en mi opinión, es que como sociedad aún aplaudimos, enaltecemos o callamos ante los ya incontables sanblases, y preferimos insultar a los que desmontan versiones oficiales diseñadas para encubrir asesinatos cometidos con fusiles y balas que pagamos con nuestros impuestos. Esa permisividad es el combustible para todo lo demás.

Hoy se cumple un año desde ‘La Policía masacró en la finca San Blas’ y, a pesar de que la presión de la Embajada de Estados Unidos ha logrado que el caso se judicialice parcialmente, mi impresión es que apenas nada ha cambiado. Las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y demás violaciones a los derechos humanos cometidas desde el Estado con el pretexto de la guerra a las maras no han cesado en estos 12 meses; al contrario, seguramente sea el período en el que más funcionarios han manchado sus manos de sangre desde que arrancó el siglo. Me temo que el manodurismo es y será por años el motor de las políticas públicas, sin importar cuán estéril y contraproducente sea, y lo será porque esta sociedad, la sociedad más violenta del mundo, parece sentirse realmente cómoda embadurnada de ese manodurismo.

En los diez minutos que le tomará leer este artículo un vehículo se habrá sumado a la marabunta de carros, buses y motos que satura las calles y carreteras de El Salvador. El goteo asusta: cada hora entran seis vehículos en circulación, 130 en un día, 900 por semana, 3,700 cada mes, unos 45,000 al año… Son cifras del balance oficial de vehículos registrados ante el Viceministerio de Transporte; es decir, depurados ya los accidentados o los dados de baja.

En pocos meses el parque automovilístico superará el millón de vehículos; carros, pick-up, camionetas y motos en su inmensa mayoría. Si usted maneja desde hace una década en San Salvador y alrededores, habrá notado que el tráfico de un viernes cualquiera ahora se asemeja a lo que antes solo se sufría el fin de semana previo a la Navidad. Las mañanas, los mediodías, los atardeceres… el sistema circulatorio de la capital está colapsado. Esto, así de claro, no se lo escuchará a ningún funcionario, pero usted sabe a lo que me refiero.

Cuando arrancó esta década había 700,000 vehículos en El Salvador, vamos ya por el millón, y en cinco años habrá… a saber, cientos de miles de carros más, con la certeza de que será una cifra imposible de absorber para esta capital, sin importar cuánto paso a desnivel, túnel o redondel se construya.

Si el tráfico ya es una tortura, cada vez lo será más. Orilla azul de la bacinica. Quizá le sorprenda más leer que usted y sobre todo su clasismo son parte del problema del que tanto le gusta quejarse en redes sociales.

El parque vehicular tiende a aumentar en todos los países, sobre todo en los considerados en vías de desarrollo. Pero esa ‘ley de vida’ es más despiadada en una sociedad como la salvadoreña, marcada a fuego por un clasismo que convierte el viaje en carro propio en un elemento de estatus al que el clasemediero promedio no parece estar dispuesto a renunciar.

Más vehículos matriculados no tiene por qué ser sinónimo de más trabazones. Hay sociedades en las que la tenencia de un carro no supone el uso continuo de ese carro. Aunque acá suene casi revolucionario, se puede ser propietario de un vehículo y hacer la mayoría de desplazamientos en transporte público. O en bici. O a pie. Es, de hecho, la fórmula más exitosa. Quizá la única. Y es en este punto en el que el clasismo del clasemediero salvadoreño juega en contra de sí mismo. Cientos de miles de nosotros que no subiríamos a un bus ni aunque fueran gratuitos ni caminaríamos a la pupusería más cercana nos quejamos amargamente de la cantidad de personas que se comportan igual que nosotros. Y al día siguiente, todos de nuevo como zombis al volante.

Como a ninguno nos gusta sabernos responsables del problema del que nos quejamos, no falta quien se escuda en que los buses y microbuses son inseguros, incómodos o temerarios, y algo hay de cierto en cada uno de esos argumentos, pero estoy convencido de que el clasismo es el principal freno para el uso del transporte público. Las unidades del Sitramss son seguras, económicas, rápidas y –salvo en hora pico– cómodas, pero dudo que sean muchos los salvadoreños que, pudiendo usarlas, opten por dejar su carro en casa.

En El Salvador, movernos en carro propio es una posibilidad de no sentirnos bajomundo, de evidenciar cierto estatus. Y por más que nos quejemos, la inmensa mayoría de los clasemedieros –areneros o efemelenistas, evangélicos o católicos, merengues o culés– preferiremos eso al bus.

Las trabazones no harán sino agravarse. Tal o cual megaobra millonaria aliviará un área u otra, y trasladará los puntos más negros de una zona de la ciudad a otra. Pero mientras seamos cientos de miles los que estemos convencidos de que solo en carro propio merecemos ir al trabajo, al súper, al cine o a la universidad, seguiremos alimentando aquello de lo que tanto nos quejamos.

Nelson Rauda Portillo fue el director general de Centros Penales entre el 7 de febrero de 2012 y el 30 de mayo de 2013, casi 16 meses que calzan con la primera fase de la Tregua. Rauda fue el relevo de Douglas Moreno, quien asumió cuando el expresidente Mauricio Funes tomó las riendas del Ejecutivo en junio de 2009. Y a Rauda lo sucedió Rodil Hernández, quien se mantiene hasta la actualidad como director general.

El triunvirato Moreno-Rauda-Rodil merecería un extenso reportaje, pero ahora me limitaré a consignar que fueron buenos amigos de juventud y que, antes de desembarcar asidos de la mano en el gobierno de Funes, trabajaron codo con codo en el Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DPLA) de la Corte Suprema de Justicia. En los primeros años del FMLN, el trío Moreno-Rauda-Rodil fue el uno-dos-tres del organigrama de la Dirección General de Centros Penales.

De los tres amigos –hoy examigos–, Rauda es el único que enfrenta un proceso penal por el llamado ‘Caso Tregua’, quizá el proceso más mediático de la gestión del fiscal Douglas Meléndez. Cuando uno analiza el organigrama fiscal de la dizque estructura criminal que operó en las cárceles durante la primera fase de la Tregua, aparece en la cúspide, por encima incluso de Raúl Mijango. Pero a mí, que en mi condición de reportero que tenía asignada la cobertura de cárceles llegué a conocer a Rauda profesionalmente, me resulta difícil imaginarlo como el cerebro de nada.

Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales (2012-2013). Foto cortesía PNC.

Uno de los ‘hallazgos’ que la Fiscalía presenta en el ‘Caso Tregua’ es una especie de red tóxica conformada por empleados de equipo técnico del Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca y del Consejo Criminológico de la Región Paracentral, todo bajo la supervisión de Rauda. Esta estructura es, según el requerimiento fiscal, la que redactó y firmó los informes que permitieron sacar los días 8 y 9 de marzo de 2012 a una treintena de líderes de las pandillas Mara Salvatrucha, 18-Revolucionarios y 18-Sureños hacia cárceles ordinarias, el detonante de la Tregua y la primera de las concesiones de la Administración Funes en su negociación con las maras.

Nada más lejos de mis intenciones defender a Rauda, que siempre me pareció un funcionario gris, pero adivino oportunismo e incluso dolo en la acusación fiscal. ¿Que desde Centros Penales se hizo un uso arbitrario de los informes que elaboran los equipos técnicos de cada cárcel y los consejos criminológicos? Sí, pero es práctica habitual desde que a mediados de los noventa se aprobó la Ley Penitenciaria vigente. ¿Que los líderes de las tres pandillas salieron de Zacatraz gracias a esa arbitrariedad? Sí, pero es la misma arbitrariedad que los regresó en febrero de 2015. ¿Han necesitado cuatro años para concluir que son arbitrarios los informes favorables de los consejos criminológicos? Me resulta extraño que la Fiscalía salte ahora por una ilegalidad en particular y que la amarre a la Tregua, cuando una investigación periodística que firmé en noviembre de 2012, titulada ‘La cárcel es más humana si tu cuñado es el director de Centros Penales’, demostró que Rauda había usado idénticas mañas para favorecer a su cuñado, encarcelado por posesión y tenencia de drogas. Entonces, la Fiscalía ni siquiera parpadeó.

Rauda, me temo, es el fuego de artificio del momento, el hombre caído en desgracia, el paria, la persona que el Sistema sacrifica para que el Sistema sobreviva.

La última vez que coincidí con Rauda fue en Bogotá, Colombia, en septiembre de 2015. Lo invitaron –gastos pagos– como representante de la Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el exilio dorado que le procuró la Administración Funes después de dejar la dirección general de Centro Penales, quizá la manera de comprar su silencio. El mismo Rauda que se hospedaba en el Hilton pasó, en un chasquido, a convertirse en chivo expiatorio de una práctica tan ilegal como arraigada en la institución que dirigía.

La evaluación de reos dependiente de equipos técnicos en cárceles y de consejos criminológicos –sumisos todos en la práctica a la dirección de turno de Centros Penales– permite que un director general alivie la condena de su cuñado, permite también que peligrosos mareros obtengan de un día para otro informes benévolos para su salida de Zacatraz, y permite también que un reo con dinero o influencias suficientes compre su Fase de Confianza o su Libertad condicional, regímenes codiciados cuando se está privado de libertad.

Nada de eso se ha puesto en entredicho y me temo –y ojalá me equivoque– que tampoco se pondrá. La Fiscalía ha agarrado con pinzas los traslados desde Zacatraz, los ha criminalizado en el ‘Caso Tregua’ y se ha querido anotar un punto al perseguir la que seguramente sea la política pública más impopular de la última década. Sin padrinos políticos, Rauda cae como mango maduro, del cielo al infierno sin escalas. Pero el Sistema se mantiene pútrido y firme, ni siquiera levemente cuestionado.

Foto Víctor Peña.

¿Alguien en el gabinete de seguridad cree en serio que el fenómeno de las maras se combate con Humvees y helicópteros artillados? Y si no lo creen, ¿para qué montan espectáculos como el del martes en el reparto La Campanera de Soyapango? El Gobierno despejó el punto de buses de la Ruta 49, al final de la estigmatizada colonia, y lo cubrió con camiones de transporte militar, helicópteros artillados, Humvees ídem, cientos de uniformados ennavaronados o maquillados para la guerra, fusiles de asalto… ¿Por qué? ¿Para dar gusto a camarógrafos, a escribientes y a sus audiencias?

La Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) quieren vendérnosla como una nueva y –esta vez sí– eficaz solución, pero conviene recordar que no es la primera vez que el FMLN militariza el reparto La Campanera ni la primera que nos aseguran que después habrá un desembarco de balsámicos servicios sociales. A inicios de 2010, cientos de militares tomaron la colonia como base durante meses, 24/7, para tratar de aplastar manu militari el maléfico control de la pandilla 18. Lo recuerdo con cristalinidad porque en aquella época estuve subiendo al reparto para reportear durante semanas, reporteo que cuajó en una crónica titulada ‘Vivir en La Campanera’.

Entre lo mucho y bueno que me dejó aquella cobertura está haber conocido a Alejandro Gutman, presidente de la entonces Fundación Fútbol Forever, rebautizada después como Forever, sin fútbol.

Justo ahora, un miércoles de un abril de seis años después, viajo en carro con Gutman por una calle inhóspita del área rural de Panchimalco. El show de los Humvees en La Campanera fue ayer y, como él conoce la colonia como la palma de su mano, aprovecho.

—La represión –responde Gutman– es la estrategia que han usado todos los gobiernos desde que empecé a trabajar en el país, hace 12 años.
—Ayer llevaron Humvees y helicópteros artillados.
—¿Qué te voy a decir? Yo preferiría que en lugar de tanques de guerra, llevaran a médicos, profesores, psicólogos, estudiantes universitarios, artistas, profesionales…
—¿La Campanera está abandonada?
—Absolutamente aislada. El Estado y la mitad de la sociedad que vive más o menos bien han abandonado las comunidades empobrecidas, pero dentro de ese abandono hay comunidades y comunidades. La Campanera está en el ostracismo; su escuela, por ejemplo. Hay que entender esa comunidad, conocerla, para darse cuenta de sus necesidades, pero también de la riqueza de su gente. Porque se necesita entereza, dignidad y sabiduría para vivir en un entorno así y salir a trabajar con una sonrisa cada día, después de tanto olvido y tanta dejadez. Conocer a esa gente enriquece. Yo el otro día llevé al presidente del Banco Agrícola para que conociera, habló con unos y otros, y quedó enamorado, transformado. Otro día llevó al presidente de la CEL y quedó entusiasmadísimo.
—Pobreza, exclusión y olvido. De acuerdo, pero también está la pandilla, Alejandro, que lo agrava todo. Un padre de La Campanera no puede enviar a su hijo a estudiar en Las Margaritas, porque ahí controla la MS-13.
—Los territorios están bien marcados, sí.
—Suena legítimo que el Estado quiera retomar el control. Suena urgente.
—Si no hay paz, es muy difícil construir... eso así es. Pero incluso en épocas como esta también se puede construir, y las demostraciones son clarísimas. Universidades, escuelas y empresa privada trabajan con nosotros por una cultura de la integración desde hace años. A Forever los pandilleros nos dejan trabajar, quizá porque saben que lo nuestro es transparente. No se entrometen. ¿Y por qué? Porque un pandillero, por más comprometido con su causa que esté, tiene hermanos, hermanas, hijos… Nosotros acabamos de inaugurar una casa de la integración en la colonia Santa Eduviges, un espacio para la comunidad. ¿Quién va a estar en contra de eso?
—Pero el punto de partida es anómalo. Que un grupo de pandilleros tenga que avalar...
—Es anómalo, sí, pero esa es la situación del país hoy. No se puede entrar en las comunidades sin avisar. Eso así es. Pero siendo así, reitero, siempre se puede trabajar por las comunidades, y casi nadie quiere hacerlo. Ojalá no existiera ese control de las pandillas en La Campanera, pero lo que no se vale es que unos y otros se agarren a eso para no hacer nada. No se puede llegar un día con las cámaras de televisión a pintar la escuela o a reglar pelotas y luego desaparecer. Así no se puede.

Hace una hora Gutman hablaba ante unos 200 estudiantes del Complejo Educativo Cantón San Isidro, de octavo y noveno grado, y de primer y segundo año de bachillerato. La escuela está a 45 minutos en 4x4 de la capital, pero el entorno es la ruralidad en estado puro; aquí hay menos señal de telefonía que en un penal. Números gruesos, ese centro habrá graduado a unos 600 bachilleres en la última década, y bastarían los dedos de las manos para enumerar los que han terminado una carrera universitaria. Los otros 590 estarán trabajando a cambio de un salario de subsistencia, o cultivando para comer y poco más, o habrán migrado al Norte, o se habrán brincado en una pandilla, que en Panchimalco hay mucha oferta.

—La carta de presentación del actual gobierno es el manodurismo puro y duro –digo.
—De cuestiones de seguridad pública no opino porque no sé; yo no sé si llevar tanques a La Campanera será bueno o no. Pero desde hace una década convivo en diferentes ámbitos de la sociedad, me he sentado a platicar con pandilleros, con empresarios y con ministros, y creo que esa experiencia acumulada me da el suficiente conocimiento como para decir que lo prioritario en las comunidades es reforzar las escuelas, los espacios públicos, las unidades de salud… porque en verdad están muy debilitadas. Y se puede… ¡claro que se puede entrar y construir! Pero hay que meterse a trabajar y no ir una mañana nomás, con demagogia, o ir solo con los tanques.
—¿Qué podemos o debemos exigir al Estado?
—Ojalá su papel fuera más importante, porque la presencia del Estado en las comunidades donde vive el 50 % más empobrecido de la sociedad es mínima. Por eso tenemos la situación que tenemos, porque el Estado piensa solo para una mitad. Yo aspiraría a que los gobernantes hagan lo que tienen que hacer, pero no le tengo mucha fe. Los políticos, aquí y en toda Latinoamérica, viven peleándose por cuotas de poder, y lo que menos les interesa es cómo vive el pueblo.
—Alejandro, ¿por qué la pandilla aún es una opción de vida atractiva para cientos de cientos salvadoreños?
—En una pared de la Santa Eduviges tenemos escrita una frase que dice algo así: un hombre invisibilizado es muy probable que termine creyéndoselo. Es algo terrible. Porque el ser humano al que la sociedad, el Estado y hasta su familia lo han hecho sentirse invisible puede que se lo crea y empiece a actuar sin límites. Si vos sentís que no sos ni de aquí ni de allá, si no has sentido amor ni entrega ni tenés objetivos en la vida, si la familia ni la escuela te pueden contener... la pandilla te ofrece ciertas tentaciones, da reconocimiento, estatus, te da una familia.

Helicópteros artillados, Humvees ídem, cientos de uniformados ennavaronados o maquillados para la guerra, fusiles de asalto… En el noticiero y en la portada del periódico todo eso luce, pero no parecen ser los instrumentos adecuados para que el niño de 12 o 13 años de la comunidad empobrecida quiera convertirse en el próximo pandillero.

—La implosión que ocurre en las familias es la explosión que ocurre en la sociedad –sentencia Gutman.

Hace poco tuve la oportunidad de platicar largo con un veterano pandillero al que llamaré Maicol. Cuarentón ya, Maicol durante más de una década fue el palabrero de una de las clicas más activas de su pandilla. Y lo fue desde la cárcel. Cayó preso recién comenzado el siglo y cumplió su condena en plena Tregua; es decir, vivió la evolución del fenómeno desde primera fila. Hoy es un peseta, alguien que ha renegado de su barrio, un traidor que tiene prendida –él y su familia– la luz verde. Una fuente privilegiada.

Hablamos sobre varios temas, pero en este artículo me ceñiré a sus reflexiones sobre el manodurismo, la receta que el finado Francisco Flores se sacó de la manga en el tramo final de su quinquenio.

—Los gobiernos siempre dicen que dan soluciones, pero esas soluciones solo sirvieron para hacer crecer todo –me dijo–. Comenzaron con lo de la Mano Dura...

A Maicol se le escapó una sonora sonrisa sarcástica.

—El Gobierno, según ellos, ¿va?, pensó: agarremos a estos hijosdeputa, ¿va? Agarremos a 20, a 50, 60, 200… metámoslos al tavo y hagamos un penal solo para ellos. ¿Y qué pasó? Nos unieron, crearon las ranflas, nos dieron un lugar para planear…

El Plan Mano Dura se lanzó el 23 de julio de 2003, con una hollywoodense puesta en escena en la colonia Dina de la capital, literalmente ocupada por el Ejército y la Policía para que el presidente Francisco Flores pudiera interpretar su papel de defensor de los ‘ciudadanos honrados’.

Foto Yuri Cortez (AFP).

Faltaba poco más de medio año para las elecciones presidenciales de marzo de 2004 y, apenas cuatro meses antes, en las legislativas de marzo, el FMLN se había convertido por primera vez en la fuerza más votada de El Salvador. Las maras eran ya un problema creciente de seguridad pública, con una guerra a muerte abierta entre ellas que generaba docenas de muertos cada año, pero nada que ver con lo que son en la actualidad, un problema de seguridad nacional, capaces de instaurar fronteras internas. Otro detalle importante: las cifras de asesinatos en 2002 y 2003 fueron las más bajas desde la firma de los Acuerdos de Paz, con tasas de homicidios incluso inferiores a las que el país tuvo durante la Tregua.

En ese contexto se apostó por el manodurismo y se vendió a la sociedad como la receta idónea. La improvisada y electorera apuesta se hizo con bombo y platillo, sobredosis de propaganda gubernamental, y la connivencia de una prensa narcotizada con los operativos tumbapuertas, los gorros navarone y los fusiles AR-15, y las presentaciones de picachadas de tatuados un día sí y otro también.

—El Gobierno solidificó las pandillas, ¿mentendés? –me dijo Maicol–. La Mano Dura, en vez de a acabar con el problema, sirvió para organizarnos.

La primera gran mutación del fenómeno de las maras (creación de estructuras de mando nacionales en las cárceles, apuesta por la renta como fuente de financiamiento, renuncia al tatuaje como elemento de jerarquía, férreo control de las canchas, ruptura paulatina con la idolatría al bajado de Estados Unidos,…) tiene lugar en los meses de apogeo del manodurismo, entre 2003 y 2006.

—Y después, cuando ya estábamos organizados, nos hicieron políticos. Ellos nos hicieron políticos, ¿mentendés? –me dijo Maicol–. Ellos secretamente llegaban a los penales antes de cada elección y buscaban a nuestros líderes para decirles: cuando nosotros ganemos, van a cambiar ciertas cosas; no les vamos a dar todo, pero vamos a aflojar un poco la pita, y aquí y todo eso. Te estoy hablando que ciertos diputados tienen algo que ver en el crecimiento de las pandillas.

—¿Diputados de ARENA?

—¡De todos los partidos! Para la primera victoria del FMLN, nos reunieron en los tavos. Te estoy hablando de pláticas con diputados. Y nos pidieron que habláramos con nuestras familias para pedirles que votaran por el FMLN. Iba a haber beneficios, y nos los mencionaron y todo: que a la mayoría nos iban a dar las dos terceras partes o la media pena, para salir libres, o que iban a cerrar el penal de Zacatraz, o que si no lo cerraban, lo iban a dejar como los otros penales, que pudieras tocar a tu visita, tener contacto, íntima… Y se hizo: cada pandillero habló con su familia, y algunos hasta con civiles hablaron. Date cuenta de todos los presos a nivel nacional, y en todos los penales anduvieron; que cada quien tenga dos o tres familiares que votaron por el FMLN… esos votos hicieron ganar a Funes.

La entrevista con Maicol la mantuve algunos días antes de que El Faro publicara el video en el que se escucha a Ernesto Muyshondt –en nombre de ARENA– realizar para las presidenciales de 2014 ofrecimientos similares a voceros de la Mara Salvatrucha y de las dos facciones del Barrio 18.

—Te estoy hablando de que ellos, el Gobierno, siempre han tenido el poder para acabar con todo, pero nunca lo han querido hacer –me dijo Maicol.

Foto Giovanni Palazzo.

Dice David Morales, el procurador de Derechos Humanos de El Salvador:

—Recordemos que cuando el presidente Flores lanzó el manodurismo, dijo que había que trazar una línea: a un lado ubicó al Gobierno y a los ciudadanos honrados; y al otro lado, colocó a pandilleros, a jueces y a los defensores de derechos humanos.

Nunca ha sido fácil ser el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Ni en la primera posguerra ni durante la Administración Flores ni hoy, en el marco de la ‘guerra’ contra las pandillas. La institución, fruto de los Acuerdos de Paz y presentada en inicio como uno de los logros más tangibles de los años de lucha revolucionaria, cayó en desgracia demasiado pronto, en una sociedad obscenamente desigual, polarizada a límites enfermizos, con una institucionalidad raquítica, y que es la más violenta del mundo.

Transcurrido casi un cuarto de siglo, no suena muy aventurado afirmar que los salvadoreños –en términos generales– desprecian el concepto ‘derechos humanos’ y, por extensión, la institución que tiene la misión constitucional de que se respeten.

—¿Por qué las palabras derechos humanos están tan mal vistas? –pregunto al procurador Morales.
—Se ha generado un estigma, es cierto. La sociedad en ese sentido se ha atrofiado por los planteamientos de los políticos, que presentan los derechos humanos como derechos únicamente de los delincuentes. Estos discursos los retoman luego los grandes medios de comunicación, y refuerzan la percepción de que benefician exclusivamente a los delincuentes, y refuerzan la idea de que para ser efectivos en seguridad, hay que disminuirlos. Pero esas ideas son falsas.

En las redes sociales salvadoreñas ser tachado como defensor de derechos humanos es un menosprecio, un insulto. Y la institución estatal y su titular devienen con frecuencia blanco de iras inquisitoriales. En la encuesta anual de evaluación de país que realiza la UCA, el 66 % de los salvadoreños dijo en diciembre de 2014 que tenían nula o poca confianza en la PDDH. Un año después, el porcentaje había subido al 72 %.

Paradójicamente, el desprecio al concepto ‘derechos humanos’ convive con la percepción –siempre según la referida encuesta– de que durante 2015 el respeto a los derechos humanos ha empeorado o seguido igual; así lo expresaron nueve de cada diez consultados.

*****

“La izquierda se ha vuelto más represiva que las represiones que estaba denunciando antes”. La frase es de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y la pronunció el 16 de noviembre de 1979, después de recibir en el arzobispado a un grupo de personas a las que en su diario personal definió como “damnificadas por actos violentos de grupos extremistas de izquierda”. Apenas había transcurrido un mes desde el golpe de Estado del 15 de octubre, que Romero respaldó de forma explícita, casi entusiasta, lo que le supuso abiertas críticas, acusaciones y ataques de los grupos que un año después conformarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Aunque el contexto sea otro, la frase tiene hoy vigencia plena.

El conjunto de actores socio-políticos salvadoreños que se arrogan representar las esencias de la izquierda –con el partido FMLN como estandarte– cuestionó con dureza y desde distintos frentes el manodurismo como estrategia de seguridad, cuando Arena se lo sacó de la manga a mediados de la década pasada para patear el avispero de las maras, en el que quizá sea el más torpe de sus errores.

Pero desde enero de 2015, el manodurismo es la carta de presentación del Gobierno en materia de seguridad pública, elevado a niveles que lindan con el terrorismo de Estado, con incontables masacres y ejecuciones extrajudiciales protagonizadas por las fuerzas de seguridad, que ni siquiera están siendo investigadas a pesar de los trabajos periodísticos que se han publicado.

Por activa o por pasiva, el responsable de los abusos policiales es el Gobierno del FMLN, con la complicidad explícita de la Fiscalía General de la República, y velada de la inmensa mayoría de oenegés e instituciones ligadas históricamente a planteamientos de izquierda. Entidades como FESPAD, UCA o el Servicio Social Pasionista han bajado el volumen de sus denuncias por violaciones de los derechos humanos –estruendosas cuando gobernaba la derecha– hasta volverlas casi inaudibles, bien sea por afinidad ideológica con el partido de gobierno, bien por el creciente rechazo social que genera exigir el respeto a los derechos humanos.

Así, una de las consecuencias de la ‘guerra’ contra las pandillas ha sido la de profundizar el desprecio hacia el concepto ‘derechos humanos’, y con ello alimentar el círculo perverso de la violencia.

De la misma sociedad ultraviolenta que parió y nutre el fenómeno de las maras emanan los exigencias de políticas manoduristas que, si bien garantizan cierto respaldo social a sus promotores, impiden buscar soluciones reales. Maras, manodurismo, más maras, más manodurismo, maras radicalizadas, manodurismo radicalizado… y así hasta convertir la sociedad salvadoreña en la más violenta del mundo.

*****

—¿Preocupado por lo que ha ocurrido en 2015? –pregunto al procurador Morales.
—Todos deberíamos, por la escalada de violencia.

El procurador Morales no esconde críticas cuando se le pregunta por casos concretos, como la masacre de San Blas, pero opta por la cautela y por respuestas gallo-gallina cuando se le pide posicionarse sobre la política guerrerista de seguridad pública.

—¿No cree que la institucionalidad retrocedió en 2015 respecto a la situación en 2014?
—Ante la escalada de violencia de los grupos delictivos, la respuesta del Estado ha sido en términos similares al tradicional manodurismo; sigue prevaleciendo la misma dinámica de enfrentamiento. No podría decir que la institucionalidad retrocedió, pero sí que no avanzó significativamente en los diferentes planos.

El procurador Morales está consciente de lo que está pasando en El Salvador desde enero de 2015, pero prefiere repartir responsabilidades entre todos los gobiernos que el país ha tenido desde 1992.

—El Estado –dice– nunca ejerció su deber de educar y promover una cultura de paz, de respeto a los derechos humanos, de fomento de valores democráticos. Es una obligación de Estado abandonada por décadas, además de que somos un país con una historia muy fuerte de autoritarismo, violaciones a los derechos humanos y violencias en general, que se han terminado naturalizando por la población, como fenómeno de nuestra cultura.

Nunca ha sido fácil ser el titular de la PDDH. Y en el papel timorato que también está desempeñando el procurador Morales deben pesar el rechazo social cuando se denuncian abusos policiales, o el hecho de tener el corazoncito a la izquierda, y ver que los responsables son ‘compas’ y no el ‘brazo político de la oligarquía’.

Foto cortesía PDDH.

—Las clases políticas dominantes –dice el procurador Morales– venden discursos punitivos, de endurecimiento de penas, de manodurismo… visiones totalmente superadas en países democráticos por inefectivas, pero que aquí se impulsan porque es evidente que generan simpatías que se traducen en votos.

Suena a que quiere retratar al actual gabinete de seguridad, su responsabilidad por acción u omisión en las ejecuciones extrajudiciales. Pero no. Como si sintiera una obligación cuanto menos de diluir responsabilidades, rápido se esconde tras el escudo de los veinte años de Arena:

—Recordemos que cuando el presidente Flores lanzó el manodurismo, dijo que había que trazar una línea: a un lado...